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Código Penal Social: nuevo régimen de sanciones desde el 1 de septiembre de 2026

La ley del 16 de marzo de 2026 revisó el Código Penal Social, con un nuevo régimen de sanciones en vigor desde el 1 de septiembre de 2026. Los importes finales no cambian en lo esencial, pero un aspecto que pasó desapercibido tiene un efecto directo sobre la función QHSE: el plazo de prescripción de las multas administrativas pasó de cinco a diez años desde el 11 de abril de 2026.

Código Penal Social: nuevo régimen de sanciones y prescripción a diez años

La ley del 16 de marzo de 2026 revisó el Código Penal Social, con un nuevo régimen de sanciones en vigor desde el 1 de septiembre de 2026. Los importes finales no cambian en lo esencial, pero un aspecto que pasó desapercibido tiene un efecto directo sobre la función QHSE: el plazo de prescripción de las multas administrativas pasó de cinco a diez años desde el 11 de abril de 2026.

Lo que cambió el 1 de septiembre de 2026

La ley del 16 de marzo de 2026, que modifica la ley del 5 de marzo de 1952 relativa a los décimos adicionales sobre las multas penales, el Código Penal Social y diversas disposiciones de derecho penal social, entró en vigor el 1 de septiembre de 2026. Alinea el Código Penal Social con el nuevo Código Penal, reestructurando los niveles de sanción en lugar de aumentar los importes en general.

Los importes base de los artículos 101 y 101/1 se multiplican por ocho, pero el coeficiente de los décimos adicionales se reduce a cambio, de modo que los importes finales adeudados siguen siendo, en lo esencial, los aplicables desde el 1 de febrero de 2026.

Los niveles de sanción tras el 1 de septiembre de 2026

El Código Penal Social mantiene cuatro niveles de sanción. Importes finales, décimos adicionales incluidos, para hechos cometidos a partir del 1 de septiembre de 2026:

  • Nivel 1: multa administrativa de 100 a 1 000 euros, sin sanción penal.
  • Nivel 2: multa penal de 500 a 5 000 euros, o multa administrativa de 250 a 2 500 euros.
  • Nivel 3: multa penal de 2 000 a 20 000 euros, o multa administrativa de 1 000 a 10 000 euros.
  • Nivel 4: prisión de seis meses a tres años y multa penal de 6 000 a 70 000 euros, o multa administrativa de 3 000 a 35 000 euros.

Los niveles 2, 3 y 4 hacen ahora referencia explícita a las penas alternativas disponibles para el juez: libertad condicional, trabajo en beneficio de la comunidad, multa calculada sobre el beneficio obtenido o esperado de la infracción, y vigilancia electrónica.

Infografía: los cuatro niveles de sanción del Código Penal Social desde el 1 de septiembre de 2026

El cambio que más importa para la función QHSE: la prescripción a diez años

Desde el 11 de abril de 2026, el plazo de prescripción de las multas administrativas en derecho penal social pasó de cinco a diez años. Este punto tiene menos visibilidad que los importes de las multas, pero tiene una consecuencia operativa directa: los documentos de prevención que sirven de prueba de conformidad, evaluaciones de riesgos, actas del CPBW, registros de formación, fichas de puesto, informes de inspección interna, deben permanecer disponibles y utilizables durante un período doble del que prevalecía hasta ahora.

Las infracciones al Código del bienestar en el trabajo quedan bajo el Código Penal Social al igual que las infracciones al derecho laboral o a la seguridad social. Un control de la inspección puede, por tanto, con este nuevo plazo, referirse a hechos muy anteriores a la fecha del control, siempre que las pruebas documentales sigan existiendo.

Infografía: el plazo de prescripción de las multas administrativas pasa de cinco a diez años desde el 11 de abril de 2026

Qué conviene verificar ahora

Tres puntos concretos que conviene verificar a la luz de esta reforma:

  • La duración de conservación de los documentos de prevención en la política de archivo de la empresa, para asegurarse de que ahora cubre diez años y no cinco.
  • La trazabilidad de las evaluaciones de riesgos sucesivas, no solo la versión vigente, ya que un control puede referirse a un período anterior.
  • La capacidad de recuperar rápidamente un documento de varios años de antigüedad, lo que depende directamente de cómo se estructuran e indexan los datos de prevención, no solo de que se conserven.

Fuentes

  • Ley del 16 de marzo de 2026 que modifica el Código Penal Social y diversas disposiciones de derecho penal social, en vigor desde el 1 de septiembre de 2026
  • Ampliación del plazo de prescripción de las multas administrativas en derecho penal social, en vigor desde el 11 de abril de 2026
  • Código Penal Social · Libro II, disposiciones relativas al bienestar en el trabajo
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Karim

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